Mediante el Proyecto de Ley N.° 00421-2026-2031-CD, se propone fortalecer el control y la trazabilidad de las armas de fuego de uso civil, así como reforzar la participación de la Policía Nacional del Perú en el intercambio de información con la SUCAMEC.
La iniciativa plantea modificar la Ley N.° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, con la finalidad de mejorar los mecanismos de control frente al posible desvío de armas hacia actividades ilícitas.
Uno de los puntos principales del proyecto es establecer que los civiles puedan tener como máximo una sola arma de fuego por persona para defensa personal, sin posibilidad de autorización excepcional para armas adicionales bajo esta modalidad.
Asimismo, se propone que la SUCAMEC garantice a la PNP el acceso directo, permanente y oportuno a información contenida en sus registros y bases de datos sobre armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados de uso civil.
Dicho acceso comprendería información sobre la identificación del arma, titularidad, licencias, tarjetas de propiedad, adquisición, transferencia, comercialización, traslado, pérdida, hurto, robo, incautación, decomiso, internamiento y destino final.
El proyecto también plantea implementar mecanismos automatizados de alerta e intercambio de información entre la SUCAMEC y la Policía Nacional, a fin de detectar hechos, operaciones o patrones que puedan revelar el posible desvío de armas hacia actividades ilícitas.
📌En el caso de las personas que, antes de la entrada en vigencia de la norma, ya sean propietarias de más de un arma de fuego para defensa personal debidamente registrada, la propuesta señala que conservarán la titularidad de dichas armas y podrán renovar sus licencias y tarjetas conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, mientras mantengan más de un arma bajo esta modalidad, no podrán adquirir ni registrar nuevas armas de fuego para defensa personal.
De acuerdo con la iniciativa, estas medidas buscan fortalecer la trazabilidad, mejorar la capacidad de investigación policial y prevenir que armas inicialmente registradas en el circuito legal terminen vinculadas a mercados ilícitos o hechos delictivos.
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