La aplicación de la reincidencia en las infracciones administrativas de la Policía Nacional del Perú

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SUMARIO

En este opúsculo se analiza la aplicación de la reincidencia en las infracciones administrativas de la Ley N°30714 Ley de Régimen Disciplinario de la PNP, que tiene como base el desarrollo de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la potestad sancionadora en materia disciplinaria – constituye el poder punitivo en manos de la Administración Pública – particularmente su noción en materia disciplinaria está destinado a funcionarios o servidores públicos. En efecto, en la PNP la finalidad del procedimiento administrativo disciplinario es mantener y proteger los bienes jurídicos; La Disciplina Policial, El Servicio Policial, La Ética Policial, y La Imagen Institucional.

En esa línea, quienes tienen la potestad sancionadora  en la PNP, en virtud al artículo 35° de la Ley N°30714 señala que “La potestad sancionadora disciplinaria se ejerce en el marco de lo establecido en la presente ley, sustentado en un procedimiento administrativo-disciplinario, y es atribuido al superior, a las Oficinas de Disciplina, a las Inspectorías Descentralizadas, a las Inspectorías Macro Regional, al Inspector General de la Policía Nacional del Perú y al Tribunal de Disciplina Policial”.

Dicho lo anterior,  cabe considerar ahora cuáles son los requisitos legales que la Ley N°30714 exige expresamente delimitar la reincidencia como agravante de las infracciones en materia sancionadora de la PNP, así como sus características, elementos y efectos.

II. LA REINCIDENCIA EN EL DERECHO PERUANO

2.1.      La reincidencia como institución jurídica del Ius Puniendi del Derecho Penal

Evidentemente una aproximación a la reincidencia en los albores de la civilización es la recaída en el ius puniendi de la vertiente penal, según, Luis AGUDO FERNANDEZ cita la disposición de MANÚ en el Manava Dharma indio según la cual “el Rey castiga primero con la simple amonestación, después con severos reproches, la tercera con multa, finalmente con la pena corporal”.(VIII-129)”.[1]

Para ASUA BATARRITA, “la figura del [latro famosus][2] que daba lugar a la pena de horca”[3], Es muy curioso en la literatura jurídica universal el concepto del famosus latro, ladrón famoso que debía ser ahorcado al tercer hurto o robo. El fundamento de histórico de la reincidencia es realmente sencillo y teóricamente exquisito: sobre todo el equilibrio de una medida apropiada para controlar las tendencias delictivas de la sociedad. Este criterio respondía a una visión criminalística de la larga data en el Ius Puniendi de Estado en la Vertiente penal.

El lugar que ocupa el Perú en la historia de la reincidencia se remonta al Código Penal de 1924 mediante el Artículo 111° que era “reincidencia” quien, después de haber sufrido en todo o en parte una pena privativa de la libertad, incurría, antes de pasar cinco años, en otro delito reprimido también con pena ) privativa de la libertad.” Este planteamiento debe ser interpretado que la reincidencia es aquella conducta delictiva del sujeto activo que después de haber sido condenado, volvía a incurrir en un delito [antes] de los cinco años, entonces este articulo tiene la característica de condición que debe tener el sujeto activo para que sea considerado un reincidente.

En el Código Penal (1991), La Reincidencia fue considerada por la Comisión Revisora como una figura que violentaba el principio de non bis in ídem (nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito), la Comisión Revisora que la figura jurídica de la reincidencia, en su aplicación no había tenido ningún efecto disuasivo en la sociedad.

El resultado de este excesivo protagonismo de la Comisión Revisora acotada en el párrafo anterior, trajo que el Tribunal Constitucional, definiera la figura jurídica de la reincidencia, en la recaída sentencia del Expediente N° 003-2005-PI/TC fundamento jurídico 44 señala que “(…) la Reincidencia se ocupa de los problemas de las disposiciones legales que habilitan mayor poder punitivo en razón que la persona, con anterioridad, ha sido condenada o sufrido pena por otro delito”.

“[E]l Tribunal Constitucional desarrolla en principio non bis in ídem sosteniendo mediante el Expediente N° 0014-2006-PI/TC fundamento 24°; en tanto el acto delictivo reincidente no era objeto de una doble imposición de pena, sino de una sola, se encontraba solamente agravada como consecuencia de un antecedente respecto al mismo tipo penal. En tal sentido, la mera valoración – a efectos de graduar la sanción – no constituye non bis in ídem, pues la primera infracción no es sancionada dos veces ni tampoco la segunda que es castigada solo una vez.”

[E]l Tribunal Constitucional en el caso de la Sentencia recaída en el Expediente N° 0014-2006-PI/TC Fundamento Jurídico 39°, Sobre la vulneración al principio de culpabilidad que “Este principio no puede ser evaluado aisladamente, sino en conjunto con otras conductas que parte de los antecedentes del inculpado, a fin que se pondere de modo proporcional el nivel de reproche que merece su accionar, lo que permite determinar que la [reincidencia] como agravante genérica resulta constitucional”.

Así, en la recaída del Expediente N° 0014-2006-PI/TC, nuestro supremo interprete establece que “La aplicación de la reincidencia debe coincidir con una afectación proporcional al hecho cometido, por lo que se debe determinar su importancia por el grado de nocividad social generado. En esa medida la reincidencia resulta constitucionalmente legitima en tanto que su imposición ni vulnere [la prohibición de exceso] que contiene el principio de proporcionalidad”.

Por tanto, la sola capacidad de frenar el poder de la potestad sancionadora en los entornos de la reincidencia en el ámbito del Ius Puniendi en la vertiente Penal, se tiene que transitar para poder abordar el ámbito del Ius Puniendi en la vertiente administrativa, pues ambos pertenecen al poder punitivo del Estado, lo que nos conlleva a un estudio de los alcances de la reincidencia en la Ley N°30714, a fin de comprender la naturaleza jurídica, así como sus características de la infracción reincidente, de los alcances del Régimen Disciplinario del PNP, para evitar excesos de punición sobre los presuntos reincidentes en el cálculo.

2.2. La reincidencia en el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la PNP

En aras de resguardar los bienes jurídicos: La Disciplina Policial, El Servicio La Disciplina Policial, La Ética La Disciplina Policial, y la Imagen Institucional, la PNP mediante la Ley N°30714 ha dotado de una serie de potestades – prerrogativas de naturaleza sancionadora que expresan el ius imperium del Estado. Es el caso de la reincidencia que lo establece con otro término conforme al Art. 1.10 de la Ley N°30714 que prescribe “Las sanciones previstas en la presente normase gradúan en atención a la gravedad, naturaleza o trascendencia del hecho, así como las referencias administrativas disciplinarias del infractor”.

Bajo este marco del artículo citado en el párrafo anterior, se sigue la lógica que el Art. 31.3 de la Ley N°30714 establece que “Los antecedentes administrativo-disciplinarios registrados en el Reporte de Información Personal de la Policía Nacional del Perú”, es una línea conectora que sirve como instrumento para graduar la sanción, además la aplicación de la reincidencia se encuentra estrechamente ligada a través del Literal c) del Artículo 248°.3 de la Ley N°27444. Ley del Procedimiento Administrativo General (En adelante, LPAG)[4], Considerado también un criterio para la graduar la sanción contra el administrado, es “la repetición o continuidad en la comisión de la infracción”.

Por otro lado, el literal e) del Artículo 248°.3 de la Ley N° 27444° (LPAG) establece como criterio para graduar la sanción que “La reincidencia, por comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedo firme la resolución que sanciono la primera infracción”, condiciona que la reincidencia es la [comisión de un mismo tipo de infracción] dentro del plazo [1 año], siempre que haya sido sancionado el administrado, y, este haya agotado la vía administrativa.

Frente a lo citado, es viable que sean considerados como reincidencia las Denuncias de Sistema de Denuncia Policial (SIDPOL), también, dentro de estos supuestos de reincidencia, debería ser considerado una sentencia judicial por Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, considerando que la PNP establece como tipo de infracción la Transgresión del inciso b) del artículo 7 de la Ley 30364, sin embargo, es denunciado por su enamorada consecuencia de ello, es sentenciado en la vía jurisdiccional, sin embargo, no se le establece responsabilidad administrativa, no obstante, seis meses después, es denunciado por su madre, que se encuentra dentro de lo prescrito por el artículo citado de la Ley en comento.

Por consiguiente encontramos una amigable pero respetuosa discrepancia, respecto a la naturaleza sancionadora o represiva que sostienen mis amigos los operadores administrativos de IGPNP, que en muchas de sus resoluciones argumentan que los casos nombrados en el párrafo precedentes constituyen antecedente o reincidencia para graduar la sanción.

En esa misma línea, en materia sancionadora se desprende que la reincidencia es un factor agravante para infracciones prevista en la Ley N°30714, sin embargo, el asunto no es del todo sencillo, pues la norma precisa que “Las decisiones en el ejercicio de la potestad disciplinaria sancionadora, deben mantener proporción entre la infracción cometida y la sanción.[5]”. De ahí surge la interrogante: ¿también debería ser considerado la transgresión del mismo bien jurídico durante un año?, pues, a todas luces, no debería ser considerado, pese a que mis amigos del Tribunal de Disciplina Policial, sostienen que la transgresión del mismo bien jurídico protegido es una reincidencia, contraviniendo claramente lo establecido en el literal e) del Artículo 246°.3 de la Ley N° 27444° (LPAG).

III. CONCLUSIONES

En definitiva, dado el transitó de la reincidencia desde sus orígenes en la edad antigua, llegando a su evolución en los estados europeos de siglos anteriores, la reincidencia no cabe duda que es una figura nutrida y desarrollada  por la doctrina penal, sin embargo, la Revolución francesa trajo consigo el derecho disciplinario, poco explorado en el Perú, sin embargo, hoy estamos avanzando a pasos agigantados en la doctrina administrativista.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la PNP tiene justificación en la necesidad de preservar y proteger sus bienes jurídicos, resulta necesario que la  PNP cuente en su reglamento los lineamientos que permitan completar las disposiciones sobre la reincidencia, pese que se encuentra establecida en la LGPA, a fin que los administrados que realmente sean merecedores hacer sancionados, sean sancionados y muchas veces, si fuese necesario en aras del buen funcionamiento de la Policía Nacional del Perú, que todos los malos elementos sean expectorados, o expulsados, para delinear, lo comentado en este opúsculo, debo citar las siguientes palabras de mi maestro Francesco CARNELUTTI que sostiene:

“No os dejéis, ante todo, seducir por el mito del legislador. Más bien, pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces.”, significa, pues que podremos tener un Régimen Disciplinario, tal vez, no muy bueno, pero debemos tener excelentes operadores administrativos.


[1] En la actualidad, tal medio de identificación y reconocimiento de criminales ha sido sustituido por denominados Registros Penales, un completo estudio sobre los mismos en GROSSO GALVAN, M., Los antecedentes penales: Rehabilitacion y control social. Bosch, Barcelona, 1983.

[2] PEREDA, Julián. Famous latro. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 1962, vol. 15, no 1, p. 5-22.

[3] vid. ASUA BATARRITA, A., La reincidencia.

[4] Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

[5] Artículo 1.6 de la Ley N° 30714.

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