EL ACTO REPARADOR EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS PNP “CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD”

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I. INTRODUCCIÓN.

Cada vez que ejerzo mi profesión de abogado especialista en asunto administrativo disciplinario de la PNP, tomo conocimiento de nuevos y diversos casos de infracciones y sanciones que son cometidos de alguna otra manera irresponsable y/o en situación de caso fortuito que no existe culpabilidad, esto al iniciarse una investigación para la determinación de una responsabilidad para el autor de la presunta comisión de la sanción y el ejercicio de su derecho de la defensa para contradecir reconocida en el Artículo 2º de la Constitución Política del Estado; siendo en esta oportunidad referirme a uno de los casos más complejos y debatible en la aplicación del derecho, en los momentos que la autoridad administrativa emiten sus decisiones de manera mecánica y drástica que son plasmadas en sus Resoluciones Administrativas, sin tomar en cuenta los beneficios que la propia Ley Nº 30714 “Régimen Disciplinario de la PNP”, les otorga en sus artículos 31º y 55º para aquellos policía que cometan por primera vez este tipo de infracción, no alcanzando este análisis para aquellos reincidentes.

II. DEFINICIÓN DE POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.

La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la república y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos se relacionan con el cumplimiento de sus funciones. IDL Seguridad Ciudadana. Policía Nacional del Perú. Recuperado de https://www.seguridadidl.org.pe/actores/polic%C3%ADa-nacional-del-per%C3%BA. Un claro concepto de la profesión del funcionario encargado de la seguridad de los ciudadanos de nuestro territorio nacional, siendo una tarea primordial del Ministerio del Interior y la Dirección General de la PNP de exigir a sus miembros un ejemplo digno hacia la sociedad, teniendo en cuenta la conducta de exigencia en el cumplimiento de las leyes y de sus normas administrativas de sus funciones.

III- ANÁLISIS DEL PROCESO DISCIPLINARIO EN LA SANCIÓN MG-94, LEY N° 30714 “RÉGIMEN DISCIPLINARIO PNP”.

Pero en ciertas ocasiones el cumplimiento de las leyes y la ética se resquebrajan al producirse un acto ilícito o falta administrativa en los casos de conducción de un vehículo particular o policial en estado de ebriedad por un miembro de la Policía Nacional del Perú, al iniciarse una investigación por parte de la Oficina de Disciplina que son órganos de decisión solo se limitan en adjuntar como tipo de prueba la denuncia correspondiente y los exámenes de dosaje etílico siendo las prueba suficientes para la emisión de sus conclusiones, al señalar simplemente que se corroboro el acto indisciplinado del policía al infringir la sanción MG-94 “Conducir vehículo motorizado con presencia de alcohol en la sangre mayor a 0.5 g/l o bajo los efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o sintéticas o negarse a pasar dosaje etílico, toxicológico o cuando es intervenido conduciendo con signos de ebriedad o drogadicción”. Señalado en el Anexo III tabla de infracciones y sanciones Muy Graves de la Ley Nº 30714.

Es decir, una sanción el cual a mi punto de vista ha encerrado en una esfera el fácil acceso a los beneficios jurídicos señalada en su propia ley, en los casos que los miembros de la Policía Nacional del Perú son procesados con la sanción MG-94, por actos que no han tenido el elementos subjetivo del DOLO (voluntario y con conocimiento), sino un acto expuesto que se configura un siniestro por el acto irresponsable del policía, pongámonos en el caso que se produzca un choque entre el auto del policía y el auto agraviado causando lesiones físicas o patrimoniales, y que ante una investigación nivel policial y fiscalía, el policía decide acogerse al principio de oportunidad para reparar el daño ocasionado y evitarse el inicio de la acción penal, ante la vista del Poder Judicial y del Ministerio Publico es una medida correcto y rápida para la solución de un problema, pero para la vista de las autoridad administrativa Ministerio del Interior con su Tribunal de Disciplina e Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, es una ocasión para aplicar la sanción correspondiente al violentar los bienes jurídicos como la ética policial, disciplina, servicio policial e imagen institucional indicado en el artículo 5 de la Ley Nº 30714, y acogiéndose en el inciso 2 del Artículo 1 de la mencionada ley en su Principio de la Autonomía de la Responsabilidad “El procedimiento disciplinario sancionador es independiente y distinto de los procesos jurisdiccionales civiles, penales u otros; y está orientada a establecer la responsabilidad administrativo-disciplinaria en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú”, no toma en cuenta el acto subsanable ante el Ministerio Publico sino la afectación de los bienes jurídicos, ya que para la autoridad administrativas siempre se acoge al artículo 166 de la Constitución vigente que establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar protección y ayuda a la personas y a la comunidad. Para cumplir dicha finalidad, requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en los actos propios de la función que desempeña, más aun cuando se encuentre de servicio, que permita garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia. En ese extremo, si bien es cierto que el perfil profesional de la Policía Nacional del Perú debe tener una conducta intachable y honorable, no solo debe verse el solo cumplir sus funciones y sus reglamentos sino también de la forma de actuar en la circunstancias que se presente, además tomando en cuenta que la no existencia de antecedentes policiales, penales ni judiciales que da lugar para cuestionar su conducta o perfil policial, sin rehuir al problema suscitado, dada su formación ética y de disciplina reparando tanto a la agraviada como el Estado, y entonces nos preguntamos ¿Para qué sirve los artículos 31º y 55º de la Ley Nº 30714?, no entendiendo que función tiene el inciso 5,7 y 8 del artículo 31 de la citada ley, los criterios para la imposición de sanciones si la autoridad administrativa se hacen los ciegos al momento de determinar una sanción no consideran los siguientes criterios; 5) la reparación o resarcimiento oportuno del daño antes de la sanción, 7) El grado de colaboración para el esclarecimiento de los hechos, 8) la confesión espontánea y sincera. Que es concordante con el inciso 2) del Articulo 55 circunstancias atenuantes “la confesión sincera y espontanea de haber cometido la infracción o colaboración en la investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos”, si estos dos dispositivos legales permiten atenuar la aplicación de una sanción, porque en estos casos especiales la autoridad administrativa debe ser enérgico en dar la sanción más drástica, donde se trunque el ejercicio profesional de la Policía Nacional del Perú del infractor,  si el objetivo no es que se libre de una sanción y salga impune vía administrativa disciplinaria sino que tomen en cuenta el acto responsable de haber reparado al daño dejando a su estado anterior del accidente, con el fin de que se aplique una sanción menos drástica.

Conforme lo señala el Dr. Juan Carlos Morón Urbina en el libro “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”; páginas 692- 695; sobre el principio de razonabilidad y el exceso de punición, señala que el exceso de punición es uno de los vicios más comunes en que incurre la administración pública, no contra un inocente, sino frente aquel que ha incurrido en conducta ilícita. El principio constitucional de razonabilidad exige a la administración sancionadora que no se limite a realizar un razonamiento mecánico de aplicación de las normas (subsunción de los hechos al tipo legal de la infracción)  porque no se trata sólo de contemplar los hechos en abstracto, sino valorarlos en cada caso concreto. Agrega que no debe perderse de vista que todo administrado tiene derecho a que las sanciones que se le apliquen sea las menos gravosas posibles.

IV. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Porque poner trabas al retorno de su profesión y crear caminos dilatorio en el poder judicial ante demandas contencioso administrativo, el Ministerio del Interior a través de la procuraduría publica en sus contestaciones de demanda, hace mención a la Resolución Administrativa N° 114-2013-P/PJ del 27 de Marzo del 2013; la misma que consideramos es inconstitucional, por cuanto vulnera la norma supletoria contenida en el Art. VIII del T.P del Código Civil, referido al ejercicio de los jueces para administrar justicia, pretendiendo que los jueces tengan una plantilla o cliché para emitir fallos. En este extremo señalamos que la que pretenden es que no se adopte ningún tipo de decisiones judiciales en base al formalismo procesal indebidamente invocado, para que no se reincorpore los infractores primerizos a la actividad policial cuya responsabilidad administrativa o incluso penal se ha establecido por irregularidades en el ejercicio de sus funciones; este argumento erróneo es contrario al inciso 1 del Art 2 TUO Ley 27584 “Los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la Ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo”; es decir trata de direccionar un acto distinto a las atribuciones de las jueces señaladas en la ley, pretendiendo se expida sentencia teniendo en cuenta la Resolución Administrativa N° 114-2013-P/PJ del 27 de marzo del 2013 que al final los sujetos procesales puedan cuestionar su contenido apelando ante la instancia superior si se afectado sus intereses. Asimismo hace un cuestionamiento sobre el uso de las medidas legales de acudir ante el órgano jurisdiccional mediante el amparo o el contencioso administrativo, sobre las medidas administrativas que son de competencia administrativa de los órganos policiales correspondientes. Sin embargo, nada obsta que las decisiones sancionadoras puedan ser revisadas en la vía jurisdiccional, atendiendo a lo prescrito en el Art. 138 de la Constitución Política del Estado, indica “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las Leyes”, siendo que las normas constitucionales son de rango superior de las otras normas administrativas, sobre todo cuando las decisiones emitidas por los órganos policiales afecta los intereses del demandante y busca la defensa de sus derechos con sujeción a un debido proceso, conforme a lo señalado al Art. I del T.P del C.P.C “Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”.

V. CONCLUSIONES.

Por último, como se señaló en el párrafo anterior la autoridad administrativa trata de advertir y direccionar al juez, que el único que toma la decisión de hacer retornar o sancionar con pase al retiro es el Ministerio del Interior e Inspectoría General de la PNP, al no darse cuenta que son ellos que trata de violentar las normas superiores de la Constitución Política del Estado, al tratar de intimidar y dañar la libertad de decisiones de la función de los jueces ya que no respetan ni siquiera sus propias normas administrativas.

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